Nos enfrentamos hoy a la intersección de una crisis multicausal en los ámbitos internacional, político, institucional, militar, social y económico que redefine los límites de resistencia y transformación en el país.
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| La incapacidad institucional no permite salidas democráticas a la crisis. |
Más allá de la incertidumbre, el desafío central radica en retornar a la democracia para construir escenarios viables para la reconstrucción nacional, conscientes del enorme costo humano que implica mantener el statu quo.
La más reciente publicación del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) analiza posibles escenarios, señala que la coyuntura venezolana de octubre de 2025 combina tres vectores que se retroalimentan: la presión externa derivada del despliegue militar estadounidense en el Caribe; la deriva jurídico-política interna —con el anunciado “estado de conmoción externa”— que habilita mayores márgenes de represión y una economía frágil, tensionada por la brecha cambiaria, la inflación y cuellos de botella, pese al supuesto repunte de exportaciones petroleras.
Destaca que el “juego de gallina” político entre Washington y Caracas ha configurado una dinámica donde ambas partes escalan la confrontación, pero evitan por ahora una colisión frontal.
Analistas anticipan que si los actores internos no producen una solución las probabilidades de una intervención directa y disruptiva aumentan.
"El gran riesgo es que la excepcionalidad se normalice aún más, profundizando la autocratización y agravando el sufrimiento social. El desenlace depende tanto de factores locales—rupturas internas, presión social, posible transición negociada—como de las decisiones geopolíticas de potencias externas, y en especial de los Estados Unidos".
El problema central - cita la publicación de la UCAB - sigue siendo la incapacidad institucional para procesar el conflicto en términos democráticos, como consecuencia de la colonización interna por el régimen de todas las instituciones del Estado, mientras la crisis política y económica actúan como catalizadores del descontento social.
Con relación a la respuesta del régimen venezolano al tema de la confrontación, el anuncio de un estado de conmoción externa —presentado como activable por el Gobierno ante la materialización de una agresión— debe leerse en clave de gobernabilidad autoritaria: busca dar apariencia de legalidad a restricciones de derechos, reforzar la narrativa nacionalista, disuadir protesta y deserciones.
Organizaciones de derechos humanos como Provea han advertido un “abuso crónico” de estados de excepción durante la última década, es decir, la normalización de lo excepcional para afianzar el control social. El reciente pronunciamiento público reitera ese patrón.
Por Benigno Alarcón Deza
Director Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. Universidad Católica Andrés Bello
6-10-2025.
6-10-2025.
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