El Observatorio Ciudadano Activos por la Luz, integrado por 300 habitantes del eje metropolitano Barquisimeto - Cabudare, y otras comunidades del estado Lara, denuncia que cualquier promesa de transición en Venezuela, recuperación o cambio político será letra muerta si se construye sobre la base de un sistema eléctrico colapsado y de una ciudadanía condenada a vivir en la incertidumbre de los apagones.
En un comunicado difundido para fijar posición ante el reciente anuncio de un nuevo plan de racionamiento eléctrico a escala nacional El Observatorio rechaza como destino inevitable la prolongación indefinida de racionamientos improvisados, justificativos de la ineficiencia y la opacidad.
Este anuncio - señalan - se produce en un contexto de fallas crónicas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), de racionamientos estructurales en buena parte del territorio y de una visible ausencia de información pública oportuna, clara y verificable sobre las causas, la duración y las vías de solución de la crisis.
El Observatorio, organizado desde enero de 2020, reclama transparencia y eficiencia plena sobre el plan del nuevo esquema de racionamiento, según lo establecido en la Constitución de la República, como un derecho humano fundamental, intrínsecamente vinculado a la calidad de vida, a la salud, a la educación, al trabajo y al desarrollo económico y social.
Advierte que en los últimos cuatro años en Venezuela sobrevivimos a 1.175 días en plena oscuridad. Son los días equivalentes, a un apagón continuo y prolongado durante tres años y dos meses.
Un plan de racionamiento eléctrico, aunque se presente como “transitorio” o “excepcional”, sólo puede ser legítimo, si está plenamente justificado, debidamente planificado, limitado en el tiempo, comunicado con transparencia y acompañado de un cronograma público detallado, comprensible para cualquier ciudadano. No es el caso de lo que hoy vive el país.
"La crisis eléctrica está asociada al mismo tiempo, a años de mantenimiento deficiente y a una gestión técnica y gerencial profundamente deteriorada".
Estudios técnicos recientes describen una crisis estructural del sistema eléctrico. Existe una capacidad instalada superior a 34 GW, pero con disponibilidad muy por debajo de la demanda por falta de mantenimiento, inversión y una red de transmisión deteriorada.
Informes de ONG y expertos señalan que “lo que se adquirió o instaló no sirve y lo que servía lo dejaron echar a perder por falta de mantenimiento”, aludiendo al parque termoeléctrico y a equipos comprados en la era de la denominada “emergencia eléctrica” que nunca fueron integrados adecuadamente.
Provea y el informe Encovi-UCAB documentan, que desde mediados de la década pasada, incrementos sostenidos de apagones y cortes vinculados a problemas de generación, transmisión y mantenimiento acumulados en al menos diez años.
Esto respalda el criterio de que la crisis no es coyuntural, ni solo climática, sino consecuencia de un prolongado abandono y subinversión de la infraestructura. Transparencia Venezuela, Provea y otros trabajos sobre la “emergencia eléctrica” destacan una combinación de corrupción, opacidad y desprofesionalización en las decisiones de alto nivel: Contratos a empresas sin experiencia, sobreprecios, equipos obsoletos o usados cobrados como nuevos, proyectos inconclusos como Tocoma.
Ingenieros del sector, citados por estas investigaciones, hablan de una “mala gestión” que incluye errores de planificación, operación y mantenimiento, así como la sustitución de cuadros técnicos especializados por lealtad política.
Análisis de 2025–2026 subrayan que cerca de 60% de la infraestructura está inactiva, subutilizada o dañada, y que la recuperación integral exige entre 15.000 y 40.000 millones de dólares, lo que evidencia decisiones gerenciales fallidas y una administración incapaz de preservar activos críticos.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y encuestas encadenadas a Encovi, han registrado por años, que las fallas eléctricas son uno de los principales detonantes de protesta social, lo que refuerza una percepción país de colapso inducido por negligencia y mala administración del Estado.
"El criterio mantenimiento - inversión como causante de la crisis está sólidamente respaldado por diagnósticos técnicos y cifras de infraestructura. El segundo juicio de valor referido a la impericia gerencial, se sustenta en investigaciones sobre corrupción, decisiones técnicas equivocadas y desprofesionalización de Corpoelec y del sector. Más que excluyentes, ambos se complementan: La crisis es resultado de mala gestión + corrupción + falta de mantenimiento, y así lo percibe hoy buena parte de la opinión pública".
Expertos, ingenieros de Corpoelec retirados, Colegio de Ingenieros, Movimiento Vinotinto, y otras instancias de la sociedad civil coinciden en señalar que las causas estructurales en la crisis del servicio son la falta de mantenimiento, desinversión, fuga de talento calificado, corrupción en contrataciones y déficit de generación hidroeléctrica y termoeléctrica operando muy por debajo de capacidad.
Activos por la Luz surgió como respuesta al silencio corporativo de la empresa eléctrica nacional y a la crónica precarización del sistema. Desde 2020 han supervisado, evaluado y documentado el impacto de los apagones y fluctuaciones en la vida regional y nacional, y han exigido reiteradamente el cumplimiento de obligaciones legales y constitucionales mínimas.
En enero de 2020, Activos por la Luz acudió formalmente a la Defensoría del Pueblo en el estado Lara para solicitar amparo y protección de los usuarios de energía eléctrica, aún continúan esperando respuestas oportunas de las instituciones del Estado venezolano.
Alirio Laclé Chirino.
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