2025: Periodismo en Venezuela se ejerció en un entorno hostil

El Instituto Prensa y Sociedad registra 25 trabajadores de la prensa privados de libertad.

En su Reporte Anual 2025, “Las formas del silencio: periodismo en clandestinidad”,  IPYSVE documenta un agravamiento de las restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la información. 

El informe de IPYSVE  identifica como rasgo central del período la consolidación de un entorno hostil para el ejercicio del periodismo, marcado por la criminalización, el miedo y el silenciamiento progresivo del debate público.

Uno de los datos más alarmantes es el registro de al menos 25 trabajadores de la prensa privados de libertad durante 2025, la cifra más alta documentada en el país. IPYSVE advierte que el encarcelamiento de periodistas no solo castiga, sino que funciona como un mecanismo de intimidación que impacta a todo el gremio.

En este contexto, la autocensura se consolidó como una práctica extendida. La amenaza de detenciones arbitrarias y procesos penales sin garantías generó un repliegue del periodismo: menos cobertura de temas sensibles, menor presencia en la calle y un aumento de estrategias para proteger la identidad de quienes informan.

El reporte también señala el debilitamiento del ecosistema mediático, afectado por la persecución judicial, el exilio, la precarización económica y la reducción de equipos. A ello se suman los bloqueos digitales y la vigilancia de opiniones en línea, que limitan el alcance de los contenidos y refuerzan el efecto inhibitorio.

IPYS Venezuela advierte que el deterioro de las libertades informativas ya no solo se mide por la cantidad de medios o cobertura territorial, sino por los temas que dejan de publicarse. 

En 2025, el silencio se convirtió en un indicador clave de la censura.

El informe concluye que el miedo se ha instalado como un factor estructural del ejercicio periodístico en Venezuela, con consecuencias directas en el derecho de la ciudadanía a estar informada.

El Estado elevó el costo de informar. 

- Las detenciones arbitrarias se ejecutaron como una táctica de intimidación colectiva, en el contexto del aumento de la represión estatal luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. 

Sin embargo, la persecución penal de periodistas tuvo un efecto más trascendente: la autocensura.

Al procesar judicialmente a periodistas bajo acusaciones como terrorismo, incitación al odio o asociación para delinquir, las cuales acarrean penas de hasta 20 años de prisión, se envió un mensaje disuasorio al resto del gremio. La autocensura periodística operó a partir de un elemental mecanismo de supervivencia, pues la libertad, la integridad personal e incluso la vida quedaron bajo amenaza de forma permanente. 

Mediante el uso del sistema de administración de justicia para criminalizar el trabajo de la prensa en Venezuela, el Estado institucionalizó la represión.

- La violación del debido proceso fue el denominador común que empeoró las consecuencias de las detenciones arbitrarias: eventuales desapariciones forzadas, incomunicación, aislamiento, negación de asistencia jurídica independiente e imputaciones por delitos graves sin fundamentos fácticos. Todo ello configuró un estado de indefensión extremo y, en general, un pronóstico de encarcelamiento prolongado.