El Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara “Ricardo Hernández Álvarez”, juristas, académicos y profesionales del derecho, denuncian la injusta detención de 53 agremiados cuyo único “delito” ha sido el ejercicio legítimo de la defensa, la docencia, la investigación jurídica, la promoción pacífica de los derechos fundamentales o la simple militancia política en el partido de su preferencia, a la cual tienen derecho legal y constitucional.
Directivos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y académicos destacan que el derecho debe volver a ser instrumento de justicia y no de opresión, y de que el futuro del país exige instituciones sólidas, libres y al servicio de todos.
"La tranquilidad y la esperanza del pueblo venezolano solo serán posibles sobre la base de instituciones legítimas, de una justicia confiable y de un compromiso sincero con la dignidad humana, condiciones indispensables para el avance y la reconstrucción de la República".
MANIFIESTO POR LA LIBERTAD Y LA VIGENCIA PLENA DEL ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA
El Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara “Ricardo Hernández Álvarez” y los juristas, académicos y profesionales del derecho que con su firma hacen suyo este manifiesto. En ejercicio de su responsabilidad histórica, ética, legal y constitucional, se dirigen al país y a la comunidad nacional e internacional para expresar lo siguiente:
A) Sobre los presos políticos
Saludamos y respaldamos la iniciativa orientada a la aprobación de una ley de amnistía, en la medida en que dicha ley no sea meramente declarativa, sino que se aplique de forma efectiva, universal y sin discriminaciones a todas las personas hoy detenidas por razones políticas, incluidos los abogados que han sido privados injustamente de su libertad.
Una amnistía auténtica debe constituir un instrumento jurídico para restablecer el Estado de Derecho, garantizar el debido proceso, reparar las injusticias cometidas y abrir un camino real hacia la justicia, la reconciliación y la paz social en Venezuela, sin impunidad ni exclusiones, y con pleno respeto a los principios fundamentales que rigen la convivencia democrática.
En todo caso, reclamamos, de manera clara e inequívoca, la liberación inmediata, incondicional y definitiva de todos los presos políticos existentes en Venezuela, así como el cese de toda forma de persecución por motivos ideológicos, profesionales o de conciencia.
Denunciamos, con especial preocupación, la injusta detención (o el sometimiento a medidas cautelares penales) de un número significativo de abogados, cuyo único “delito” ha sido el ejercicio legítimo de la defensa, la docencia, la investigación jurídica, la promoción pacífica de los derechos fundamentales o la simple militancia política en el partido de su preferencia, a la cual tienen derecho legal y constitucional.
Esta privación de libertad de profesionales del derecho (o su sometimiento a medidas cautelares injustas, que no buscan sino silenciarlos) constituye una grave afrenta al debido proceso y a los principios más elementales de la justicia, contenidos en nuestra constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos legalmente suscritos por la República.
Este comunicado incluye 53 colegas abogados de cuya detención (o su sometimiento a medidas cautelares) tenemos conocimiento, a través de fuentes no oficiales, como Foro Penal, Movimiento Vino Tinto y Encuentro Ciudadano.
B) Sobre nuestra disposición institucional
Nos ponemos formalmente a la orden del país, desde el ámbito de nuestras competencias académicas, gremiales e institucionales, para colaborar activamente en la tarea del restablecimiento pleno del Estado de Derecho en Venezuela.
Manifestamos nuestra disposición a apoyar, estudiar, diseñar y acompañar las iniciativas de reformas legales, constitucionales e institucionales que resulten necesarias o convenientes para reconstruir un orden jurídico basado en la legalidad, la separación de poderes, la protección efectiva de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de la persona.
C) Sobre la urgencia de una reforma del Orden Jurídico y del Poder Judicial
Consideramos de carácter urgente e impostergable, una reforma profunda e integral del Orden Jurídico y del Poder Judicial, que lo adecúe a las legítimas expectativas de cambio que la nación demanda.
Dicha reforma debe garantizar un orden jurídico coherente y protector de la libertad y una justicia honesta, independiente, imparcial, autónoma y oportuna, libre de injerencias políticas, capaz de restituir la seguridad jurídica, condición indispensable para la convivencia pacífica, la confianza ciudadana y el desarrollo económico y social del país.
D) Sobre la paz, la justicia y la reconciliación nacional
Expresamos nuestro respaldo a todas las iniciativas orientadas a la paz, la justicia y la reconciliación nacional, siempre que estas se fundamenten en la verdad, el respeto a los derechos humanos y la vigencia efectiva del orden constitucional.
La tranquilidad y la esperanza del pueblo venezolano solo serán posibles sobre la base de instituciones legítimas, de una justicia confiable y de un compromiso sincero con la dignidad humana, condiciones indispensables para el avance y la reconstrucción de la República.
Este manifiesto se suscribe como muestra de nuestra responsabilidad y compromiso con Venezuela, convencidos de que el derecho debe volver a ser instrumento de justicia y no de opresión, y de que el futuro del país exige instituciones sólidas, libres y al servicio de todos.
(Fdo) Néstor Álvarez Yépez por el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara “Ricardo Hernández Álvarez”; (Fdo) Marlene Robles de Rodríguez /Presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela (FCAV); (Fdo) Juan Carlos Apitz /Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV); (Fdo) Magaly Vásquez González /Profa. de Derecho Penal y Secretaria General de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); (Fdo) Julio Pérez Graterol /Director en Universitas Fundación; (Fdo) Jairo García Méndez /Director en Universitas Fundación; (Fdo) Willmer Pereira /Presidente del Colegio de Abogados del Estado Falcón; (Fdo)Zoila Calderon /Presidente del Colegio de Abogados del Estado Portuguesa; (Fdo) Eusebio Giménez /Presidente de la Delegación de Acarigua y Araure del Colegio de Abogados del Estado Portuguesa.
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