El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) confirmó este miércoles 14 de enero de 2026 la excarcelación de 19 periodistas y trabajadores de la prensa que permanecían detenidos arbitrariamente algunos desde hace más de un año, como parte de un patrón sostenido de persecución penal contra la labor informativa.
IPYS Venezuela documentó que estas detenciones estuvieron marcadas por procesos judiciales opacos, imputaciones sin sustento probatorio, restricciones al derecho a la defensa y, en varios casos, desapariciones forzadas de corta y mediana duración. Aunque las excarcelaciones representan un alivio para las víctimas y sus familias, no reparan el daño causado ni garantizan la no repetición de estas prácticas.
Estas detenciones se produjeron entre 2022 y 2025 y formaron parte de un patrón sostenido de persecución penal contra comunicadores, caracterizado por procesos opacos, privaciones prolongadas de libertad y ausencia de garantías judiciales.
De acuerdo con el balance del SNTP, las personas excarceladas son:
Estas detenciones se produjeron entre 2022 y 2025 y formaron parte de un patrón sostenido de persecución penal contra comunicadores, caracterizado por procesos opacos, privaciones prolongadas de libertad y ausencia de garantías judiciales.
De acuerdo con el balance del SNTP, las personas excarceladas son:
Roland Carreño, detenido el 2 de agosto de 2025 en Caracas
Julio Balza, detenido el 9 de enero de 2025 en Caracas
Nakary Ramos Mena, detenida el 8 de abril de 2025 en Caracas;
Gianni González, detenido el 8 de abril de 2025 en Caracas
Carlos Julio Rojas, detenido el 15 de abril de 2024 en Caracas
Gabriel González, detenido el 17 de junio de 2024 en Caracas
Luis López, detenido el 14 de junio de 2024 en La Guaira
Carlos Marcano, detenido el 23 de mayo de 2025 en Caracas
Leandro Palmar, detenido el 9 de enero de 2025 en el estado Zulia
Belises Salvador Cubillán, detenido el 9 de enero de 2025 en Zulia y nuevamente el 2 de agosto de 2025 en Caracas
Víctor Ugas, detenido el 18 de agosto de 2024 en Caracas
Ramón Centeno, detenido el 2 de febrero de 2022
Biagio Pilieri, detenido el 28 de agosto de 2024 en Caracas
Nicmer Evans, detenido el 13 de diciembre de 2025
Omario Castellanos, detenido el 16 de octubre de 2025
Yorbin García, detenido el 18 de octubre de 2025
Carlos Lesma, detenido el 8 de octubre de 2025
Mario Chávez, detenido el 6 de mayo de 2025
y Ángel Godoy, detenido el 8 de enero de 2025.
IPYS Venezuela ha documentado que estas personas fueron imputadas, de manera reiterada y sin sustento probatorio suficiente, por delitos graves y desproporcionados, utilizados de forma recurrente para castigar la expresión pública, el disenso y la labor informativa.
IPYS Venezuela ha documentado que estas personas fueron imputadas, de manera reiterada y sin sustento probatorio suficiente, por delitos graves y desproporcionados, utilizados de forma recurrente para castigar la expresión pública, el disenso y la labor informativa.
Entre las acusaciones más frecuentes figuran: terrorismo, instigación o incitación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales, magnicidio en grado de tentativa, alteración del orden público, difusión de noticias falsas, extorsión y resistencia a la autoridad, así como presentaciones ante tribunales con competencia en terrorismo, incluso en casos donde los hechos imputados no guardaban relación alguna con conductas violentas.
En múltiples expedientes, IPYS Venezuela registró impedimentos para el ejercicio de la defensa privada, imposición de defensores públicos sin consentimiento de las personas detenidas y restricciones al acceso oportuno a los expedientes judiciales, lo que configuró escenarios de indefensión jurídica.
En múltiples expedientes, IPYS Venezuela registró impedimentos para el ejercicio de la defensa privada, imposición de defensores públicos sin consentimiento de las personas detenidas y restricciones al acceso oportuno a los expedientes judiciales, lo que configuró escenarios de indefensión jurídica.
Asimismo, en varios casos se produjeron desapariciones forzadas de corta y mediana duración, caracterizadas por la negativa u omisión de las autoridades a informar sobre el paradero de las personas detenidas tras su aprehensión, traslados a lugares no revelados o incomunicación prolongada, prácticas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos.
Estas excarcelaciones ocurren en un contexto político altamente tensionado, marcado por presiones internacionales, una crisis de legitimidad institucional y la necesidad del poder político de reconfigurar su narrativa interna y externa.
Estas excarcelaciones ocurren en un contexto político altamente tensionado, marcado por presiones internacionales, una crisis de legitimidad institucional y la necesidad del poder político de reconfigurar su narrativa interna y externa.
El anuncio realizado el 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un “número importante” de personas privadas de libertad, debe leerse como una decisión política coyuntural, más que como una rectificación estructural de las prácticas de criminalización.
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