El investigador y exdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Benigno Alarcón Deza analiza que "Dinorah Figuera y la mesa de negociación con Jorge Rodríguez nos lleva a una transición que no se decreta desde una mesa: se verifica en derechos, instituciones, presos libres, partidos restituidos y votos que puedan contarse sin miedo".
En artículo publicado en El Nacional, el investigador social expresa: El regreso de Dinorah Figuera a Caracas y su reunión con Jorge Rodríguez no es un episodio menor ni una simple fotografía política. Es, probablemente, el primer movimiento formal que introduce un canal operativo para entrar en la fase III del Plan Trump/Rubio y discutir la transición democrática después de meses en los que la normalización económica, energética y financiera avanzaba mucho más rápido que la reconstrucción institucional.
Hasta ayer, el país parecía atrapado en una asimetría peligrosa: deuda, CITGO, licencias, energía, electricidad, pagos, acreedores e inversiones tenían mecanismos concretos, mientras el CNE, el Registro Electoral, los partidos judicializados, los presos políticos, la observación internacional y una elección presidencial verificable seguían siendo demandas sin instrumento. La mesa Figuera-Rodríguez puede ser el primer intento de cerrar esa brecha; pero también puede convertirse, involuntariamente, en su coartada.
La diferencia entre ambas posibilidades no está en el lenguaje de los comunicados, que por si solos denotan cierto grado de tensión. Está en los hechos. Si la mesa produce nombres, cronograma, garantías, liberaciones, restitución de partidos y fecha electoral, puede marcar el inicio de una transición negociada bajo fuerte presión internacional. Si solo produce fotos, frases institucionales, declaraciones de buena voluntad y una oposición reconocible pero no representativa del mandato democrático mayoritario, puede terminar legitimando una normalización sin transición.
Dicho de forma descarnada: esta mesa puede ser la puerta de entrada a una solución o el barniz democrático de un acuerdo de estabilidad. Puede abrir el camino hacia elecciones reales o servir para administrar el tiempo. Puede reducir los costos de una salida ordenada o ampliar la vida útil de un arreglo de poder que busca reconocimiento externo sin devolver soberanía al ciudadano.
El riesgo no está en Dinorah Figuera como persona. Figuera tiene trayectoria opositora, seriedad y legitimidad institucional porque representa a la la última Asamblea Nacional ampliamente reconocida como democráticamente electa, incluso por los Estados Unidos. Ese capital puede ser útil. La pregunta política no es si Dinorah es opositora. Lo es. La pregunta es si logrará representar el mandato de la oposición mayoritaria para negociar una transición sin fracturar a la coalición democrática por ser percibida, con o sin fundamento, como un intento por desplazar a María Corina Machado, Edmundo González y la Plataforma Unitaria como referentes del mandato electoral y social vigente.
Allí nace la tensión más delicada. En política, el poder no solo depende de la legalidad formal ni de la simpatía internacional; depende también de la representación efectiva. La Asamblea Nacional de 2015 conserva valor institucional, especialmente para interlocuciones externas y activos. Pero la legitimidad política viva del proceso democrático venezolano se concentra hoy en quienes encarnan el mandato ciudadano expresado en 2024 y en la movilización social posterior que hoy lo sigue respaldando. Una cosa es usar la institucionalidad remanente para abrir puertas; otra muy distinta es pretender sustituir el mandato político real por una arquitectura conveniente para facilitar la negociación con el régimen autoritario.
Para la oposición democrática, rechazar la mesa de plano por ser percibida como un canal que cierra el Acuerdo de Panamá sería un error. Aislarse del único canal que Washington acaba de respaldar puede dejar el proceso en manos de otros. Pero aceptarla sin condiciones sería otro error, quizá mayor. La respuesta inteligente no es sabotear o descalificar un canal que apenas se abre, sino utilizarlo y ponerlo a prueba públicamente mediante el establecimiento de objetivos verificables, plazos concretos, participación amplia y reconocimiento explícito de los actores que poseen mandato social.
La pregunta correcta no es solamente quién se sienta en la mesa. La pregunta decisiva es qué debe producir esa mesa para no convertirse en simulación de acuerdos, como sucedió con la mediación generosamente facilitada por el Reino de Noruega, así como en procesos previos. Venezuela no necesita otra negociación que funcione como táctica dilatoria a favor del gobierno. Necesita un CNE independiente, un Registro Electoral auditado, voto exterior, devolución real de tarjetas y partidos, liberación de presos políticos, garantías para líderes y activistas, apertura de medios, observación internacional calificada y una fecha presidencial cierta.
Sin fecha electoral no hay transición; hay administración del tiempo. Sin presos libres no hay reconciliación; hay chantaje. Sin partidos restituidos no hay competencia; hay selección de adversarios políticos. Sin garantías para María Corina, Edmundo y los liderazgos democráticos reales no hay inclusión; hay fragmentación inducida. Y sin verificación internacional robusta no hay confianza; hay otra promesa más en una larga historia de promesas incumplidas.
Estados Unidos también cruza un umbral. Ya no actúa únicamente como patrocinador externo ni como facilitador de licencias, deuda, energía y seguridad. Al imponer y respaldar este canal, Washington se acerca más al rol de árbitro que al de mediador. Eso aumenta su capacidad de presión, pero también su responsabilidad. Si la mesa avanza hacia condiciones verificables, podrá decir que usó su poder para abrir la transición. Si la mesa se convierte en un mecanismo de normalización sin democracia, el costo político y moral también será suyo.
Para Delcy y Jorge Rodríguez, la mesa tiene doble utilidad. Puede ser una vía real para pactar una transición ordenada, preservar gobernabilidad y evitar un colapso que nadie controla, así como para reducir sus costos de salida. Pero también puede servir para ganar tiempo, dividir a la oposición, reducir presión internacional y mostrar diálogo mientras se conservan los resortes fundamentales del poder. Los regímenes autoritarios no negocian porque descubren súbitamente las virtudes de la democracia; negocian cuando los costos de no negociar empiezan a superar a los costos de ceder el poder.
Por eso los próximos días serán decisivos. El indicador no será el número de reuniones ni la cordialidad de los comunicados. Será la aparición de hitos: nombres para el CNE, calendario, garantías, liberaciones, restitución de partidos y reconocimiento de los actores con mandato real. La mesa abre una ventana, no una garantía. Reduce la comodidad del escenario de normalización sin transición, que ha sido el nuevo equilibrio desde hace meses, y eleva la posibilidad de una transición negociada bajo coerción; pero todavía no invierte la tendencia.
Venezuela necesita negociar, pero no cualquier negociación. Necesita una negociación que devuelva la soberanía al ciudadano, no una que distribuya cuotas entre élites. El regreso de Dinorah Figuera puede ser una bisagra histórica si ayuda a convertir legitimidad institucional en condiciones electorales reales. Pero sería un error fatal convertirla en sustituto del mandato democrático expresado por la sociedad venezolana. La transición no se decreta desde una mesa: se verifica en derechos, instituciones, presos libres, partidos restituidos y votos que puedan contarse sin miedo.
Por Benigno Alarcón
21 de junio de 2026
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