Periodistas, dirigentes de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, unifican esfuerzos en defensa de la libertad de expresión.
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| Héctor Segura, Alfredo Alvárez, Alexis Ramos, Liz Gascón y Lesbia Aguilera, en rueda de prensa en la sede del CNP Lara donde respaldaron la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. (Foto: cortesía Héctor Segura CRGV) |
Denuncian que en los últimos veinte años más de 400 medios de comunicación social han cerrado y cesado actividades, dejando vastas regiones del territorio nacional sumidas en auténticos desiertos informativos.
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| Ejercer el periodismo no es delito, reclama el gremio y la sociedad civil. |
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Seccional Lara; el Círculo de Reporteros Gráficos del Estado Lara; el Sindicato de los Trabajadores de la Prensa del Estado Lara; los Locutores Profesionales del Estado Lara; el Capítulo Lara de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión; Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de los DDHH; representante de la Curia ante los Medios de Comunicación Social, en ejercicio legítimo de los derechos constitucionales, exigen la liberalización plena de los espacios comunicacionales para el ejercicio libre, irrestricto y sin censura previa del periodismo profesional en todo el territorio nacional, conforme a los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Se pronuncian en defensa del gremio y la libertad de expresión en Venezuela, sumándose a las exigencias nacionales.
Lesbia Aguilar, secretaria general del CNP - Lara, cuestiona la opacidad informativa de los entes gubernamentales: “Queremos libertad de prensa y acceso a la información pública”, señaló, enfatizando que actualmente se vulnera el derecho al libre ejercicio profesional.
Liz Gascón, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en la entidad, exige respeto al derecho de informar y de la ciudadanía a estar informada.
“La fuente oficial debe rendir cuentas. Los riesgos para el gremio persisten, los comunicadores enfrentan desde el fotografiado de sus credenciales hasta hechos de violencia, como el ocurrido recientemente en una movilización en Caracas", cita Gascón.
El abogado Alexis Ramos, defensor de los derechos humanos, analiza que desde el mes de febrero del presente año fue promulgada la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, en dónde han venido observando como de forma selectiva han otorgado libertad plena en el caso de algunos periodistas como también han negado dicha solicitud.
"Es inaceptable que se desnaturalice la Ley de Amnistía ya que el génesis de la presente Ley es el Olvido del delito. Hacemos un llamado al gobierno interino, para que el ejercicio del periodismo sea respetado y no se vulneren el derecho a la información veraz y oportuna pero que también se respeten los derechos humanos de los trabajadores que engloban los periodistas", expresa Ramos.
COMUNICADO PÚBLICO
«POR LA LIBERTAD DE PRENSA, EL FIN DE LA CENSURA, LA LIBERACIÓN DE LOS PERIODISTAS PRESOS Y EL FUTURO DEL PERIODISMO VENEZOLANO»
Los periodistas activos adscritos al Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Seccional Lara; el Círculo de Reporteros Gráficos del Estado Lara; el Sindicato de los Trabajadores de la Prensa del Estado Lara; los Locutores Profesionales del Estado Lara; el Capítulo Lara de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión; Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de los DDHH; representante de la Curia ante los Medios de Comunicación Social, en ejercicio legítimo de nuestros derechos constitucionales consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para exponer lo siguiente:
I. EL DETERIORO DEL ECOSISTEMA INFORMATIVO
Venezuela atraviesa la crisis más grave y prolongada de su historia en materia de libertad de expresión y derecho a la información. El sistema de hegemonía comunicacional, proclamado formalmente el 8 de enero de 2007 como política de Estado, ha ejecutado durante casi dos décadas un desmantelamiento sistemático, progresivo e implacable del ecosistema informativo del país. El cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en mayo de 2007 constituyó el primer acto emblemático de esa política, cuyas consecuencias devastadoras persisten y se profundizan hasta el día de hoy.
Según datos del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), más de 400 medios de comunicación han cerrado en Venezuela en los últimos veinte años, dejando vastas regiones del territorio nacional sumidas en auténticos desiertos informativos. Entre 2017 y 2019, el colapso se aceleró dramáticamente: más de 70 periódicos impresos dejaron de circular y 54 emisoras de radio cesaron operaciones, en muchos casos por la asfixia económica derivada de la restricción del papel periódico, la presión tributaria selectiva y las acciones administrativas de CONATEL.
El informe anual 2024 de IPYS Venezuela, titulado «La prensa cautiva: terror, silencio, prisión y exilio», documenta con rigor alarmante la magnitud de la crisis: 566 violaciones a la libertad de prensa registradas en un solo año, que afectaron a 260 trabajadores de la comunicación y a 109 medios. Entre estas violaciones se cuentan 14 periodistas detenidos, 27 profesionales forzados al exilio, 20 emisoras de radio cerradas y 32 casos de hostigamiento judicial. IPYS denuncia, además, el uso perverso de instrumentos legales como la Ley RESORTE y las normativas contra el supuesto «odio» como mecanismos para criminalizar el ejercicio del periodismo.
El deterioro del espacio comunicacional venezolano ha alcanzado tal magnitud que el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a Venezuela en el puesto 160 entre 180 países evaluados. Asimismo, el Índice Chapultepec cataloga a Venezuela como país «sin libertad de expresión», situándola al mismo nivel que Cuba y Nicaragua.
II. LA CENSURA DIGITAL: UN MURO INVISIBLE
Al desmantelamiento de los medios tradicionales se ha sumado una política de censura digital que constituye un muro invisible contra el derecho a la información. La organización VE Sin Filtro ha documentado el bloqueo de más de 200 sitios web en Venezuela, incluyendo 62 medios de comunicación independientes. Estas restricciones son ejecutadas por la empresa estatal CANTV y, bajo presión gubernamental, por proveedores privados de internet, según ha documentado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
El informe anual de IPYS Venezuela registra 39 sitios web bloqueados solo durante 2024. La red social X (antes Twitter) permanece bloqueada desde agosto de 2024 por orden directa del Ejecutivo Nacional, privando a millones de venezolanos de una de las plataformas más utilizadas para el intercambio de información y la denuncia ciudadana. Millones de personas deben recurrir a redes privadas virtuales (VPN) como única alternativa para acceder a contenidos informativos bloqueados, a la vez que el SNTP exige el desbloqueo de más de 60 medios censurados en internet.
Esta política de censura digital ha profundizado los desiertos informativos que ya existían por el cierre de medios tradicionales. Comunidades enteras, particularmente en el interior del país, quedan desprovistas de información independiente, a merced exclusiva de los medios controlados por el Estado. La combinación de cierre de medios, bloqueos digitales y autocensura configura un escenario de opacidad informativa incompatible con cualquier noción de sociedad democrática.
III. PERIODISTAS ENCARCELADOS: LA CRIMINALIZACIÓN DE LA VERDAD
La persecución contra el periodismo en Venezuela ha alcanzado su expresión más grave en la detención arbitraria de comunicadores sociales. Según el SNTP, en su registro actualizado a enero de 2026, al menos 24 periodistas y trabajadores de prensa permanecen detenidos arbitrariamente en centros de reclusión venezolanos, muchos de ellos sin acceso regular a sus abogados ni a sus familiares.
Los cargos imputados a estos profesionales de la comunicación constituyen un catálogo de la criminalización del periodismo: terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir, conspiración y traición a la patria. Estas imputaciones, fabricadas bajo el amparo de una legislación diseñada para perseguir la disidencia, no resisten el más mínimo análisis jurídico serio y han sido denunciadas por organismos internacionales de derechos humanos como instrumentos de intimidación contra la prensa.
El hostigamiento judicial, que IPYS cuantifica en 32 casos documentados solo en 2024, se extiende como una sombra sobre todo el gremio periodístico. Los 27 periodistas forzados al exilio durante 2024 son testimonio elocuente de que, para muchos colegas, la disyuntiva ha quedado reducida a callar, huir o ser encarcelado. Exigimos con absoluta firmeza que se ponga fin a la utilización del sistema de justicia como arma de represión contra el periodismo.
IV. LAS UNIVERSIDADES Y LOS FUTUROS PERIODISTAS: UNA GENERACIÓN QUE NO PUEDE CALLAR
Este comunicado marca un hito significativo en la historia del periodismo larense: e exhorta a las instituciones académicas formadoras de comunicadores qu se se sumen formalmente a la voz de los gremios profesionales. Las Escuelas de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro (UFT) y de la Universidad Yacambú (UNY), ambas con presencia en la capital del Estado Lara, deben considerar a su adhesión plena a las exigencias aquí contenidas, en cumplimiento de su responsabilidad ética, académica e institucional ante la crisis que atraviesa el ejercicio del periodismo en Venezuela.
Las aulas universitarias no son espacios ajenos a la realidad del país. Los estudiantes de Comunicación Social aprenden su oficio en un entorno en el que los medios cierran, los sitios web están bloqueados, los periodistas son encarcelados y la autocensura se ha instalado como práctica de supervivencia. Enseñar periodismo en Venezuela hoy significa enseñar a informar bajo riesgo, a sortear la censura digital, a documentar violaciones sin garantías de protección y a ejercer una profesión que el Estado ha decidido tratar como amenaza.
La formación de nuevos comunicadores sociales exige, como condición ineludible, que existan medios donde practicar, fuentes a las que acceder, plataformas donde publicar y libertades que ejercer. Sin ese ecosistema mínimo, la carrera de Comunicación Social se convierte en una promesa vacía: Un título expedido para un ejercicio que el propio Estado impide. No es posible preparar periodistas competentes, íntegros y comprometidos con la verdad, si el sistema en el que deberán insertarse persigue, censura y encarcela a quienes informan.
Los profesores, investigadores y formadores de las Escuelas de Comunicación Social, así como sus estudiantes activos -futuros periodistas, fotorreporteros, productores, locutores y comunicadores digitales-, deberían asumir hoy la responsabilidad de hacerse parte activa e ineludible de esta demanda. No se trata únicamente de solidaridad con los colegas perseguidos. Se trata de defender el sentido y la viabilidad de su propia carrera profesional, del proyecto de vida al que se han comprometido y del rol que el periodismo está llamado a cumplir en una sociedad democrática.
Hacemos un llamado expreso y urgente a todos los estudiantes de Comunicación Social del Estado Lara y del país: esta lucha es la suya. El periodista que hoy está preso pudo haber sido su compañero de redacción. El medio que hoy está bloqueado pudo haber sido su primer empleo. La frecuencia que hoy está clausurada pudo haber sido el espacio donde usted iba a hacer su primera entrevista. La libertad de prensa no es una conquista abstracta: es la condición material de su ejercicio profesional. Alcen su voz, sumen su firma, hagan suya esta exigencia.
Las universidades que forman comunicadores tienen, además, la responsabilidad de convertirse en espacios de resistencia epistémica y ética: documentar lo que ocurre, preservar la memoria periodística del país, formar en los valores de la verdad y la independencia editorial, y producir investigaciones que iluminen la dimensión estructural de la crisis comunicacional venezolana. Ese es el compromiso que hoy renovamos.
V. NUESTRAS EXIGENCIAS
Ante el cuadro descrito, los gremios y las instituciones académicas firmantes de este comunicado, en representación de los periodistas, comunicadores, reporteros gráficos, locutores, trabajadores de la prensa, exigimos de manera firme, clara e innegociable:
La liberalización plena de los espacios comunicacionales para el ejercicio libre, irrestricto y sin censura previa del periodismo profesional en todo el territorio nacional, conforme a los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La liberación inmediata e incondicional de todos los periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de la prensa detenidos arbitrariamente en Venezuela, incluyendo los al menos 24 casos documentados por el SNTP, así como la anulación de los cargos penales fabricados en su contra.
La suspensión inmediata y eliminación definitiva de la censura digital: el desbloqueo de todos los sitios web de medios de comunicación, plataformas informativas y redes sociales —incluyendo la red social X—, así como el cese de toda interferencia estatal en el acceso libre a internet.
La garantía plena del acceso a la información pública sin restricciones, incluyendo el derecho de los periodistas a cubrir hechos noticiosos, acceder a fuentes oficiales y ejercer el periodismo de investigación sin represalias de ninguna naturaleza.
El cese inmediato del hostigamiento judicial, las detenciones arbitrarias y toda forma de persecución contra periodistas, comunicadores, fotorreporteros, camarógrafos, editores, locutores y todo profesional vinculado al ejercicio de la comunicación social.
La derogación o reforma integral de las leyes utilizadas para criminalizar el periodismo, en particular la Ley RESORTE y las disposiciones relativas al supuesto «odio», que han sido instrumentalizadas para restringir la libertad de expresión.
La restitución de las licencias y frecuencias a los medios de comunicación cerrados arbitrariamente, incluyendo las emisoras de radio clausuradas por CONATEL, y la garantía de condiciones justas y transparentes para el otorgamiento de concesiones en el espectro radioeléctrico.
El reconocimiento y la garantía de condiciones académicas plenas para la enseñanza y práctica del periodismo en las universidades venezolanas, incluyendo acceso a internet sin restricciones, libertad para desarrollar medios universitarios y para que los estudiantes realicen su práctica profesional sin censura ni represalia.
VI. LLAMADO A LA SOLIDARIDAD
Hacemos un llamado urgente a la solidaridad de nuestros colegas periodistas de toda Venezuela, de las organizaciones gremiales de la comunicación social, de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, de todas las comunidades universitarias del país, de la sociedad civil organizada y de todos los ciudadanos comprometidos con la democracia y las libertades fundamentales.
El periodismo no es un delito. Informar no es un crimen. La verdad no puede ser encarcelada. La censura —sea analógica o digital— es incompatible con los valores democráticos que esta sociedad merece y reclama. Un país sin periodismo libre es un país sin memoria, sin accountability y sin posibilidad de deliberación democrática genuina.
Instamos a los organismos internacionales —la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)— a mantener y reforzar su vigilancia sobre la situación de la libertad de prensa en Venezuela y a exigir al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
A los estudiantes de Comunicación Social de Venezuela: los gremios profesionales y las universidades firmantes los convocan a organizarse, a alzar su voz, a sumarse a esta demanda como protagonistas —no como observadores— de la batalla más importante que enfrenta su profesión. El periodismo que serán capaces de ejercer mañana depende, en gran medida, de la libertad que todos estemos dispuestos a defender hoy.
No callaremos. No claudicaremos. Seguiremos ejerciendo el periodismo con la responsabilidad,
la ética y la dignidad que nuestro oficio demanda y que nuestro pueblo necesita.
FIRMAN:
• Periodistas activos adscritos al Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Seccional Lara
• Círculo de Reporteros Gráficos del Estado Lara
• Sindicato de los Trabajadores de la Prensa del Estado Lara
• Locutores Profesionales del Estado Lara
FUENTES Y REFERENCIAS DOCUMENTALES:
• IPYS Venezuela — Informe Anual 2024: «La prensa cautiva: terror, silencio, prisión y exilio». https://ipysvenezuela.org
• Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) — Informe enero 2026 y lista de 24 periodistas detenidos. https://sntpvenezuela.org
• Colegio Nacional de Periodistas (CNP) — Registro de medios cerrados en Venezuela (400+ medios en 20 años). https://cnpven.org
• Reporteros Sin Fronteras (RSF) — Índice de Libertad de Prensa 2025 (Venezuela: puesto 160 de 180). https://rsf.org
• Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) — Documentación de bloqueos por CANTV y proveedores privados. https://cpj.org
• VE Sin Filtro — Monitoreo de bloqueos de sitios web en Venezuela (200+ sitios, 62 medios independientes). https://vesinfiltro.com
• Freedom House — Informe sobre libertad en internet en Venezuela.
• Índice Chapultepec 2023 — Clasificación de Venezuela como país «sin libertad de expresión».
• El Estímulo — «Una orden de Conatel es lo que hace falta para levantar el bloqueo». Marzo 2026. https://elestimulo.com
• Deutsche Welle — «Los venezolanos, censurados y desinformados por el Estado». Noviembre 2023. https://dw.com
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